Código Charly

En el complejo engranaje de la justicia, la víctima debería ser el centro de toda acción, el eje en torno al cual gira la maquinaria legal, policial y judicial. Sin embargo, la realidad en ocasiones dista de este ideal. A diario, se produce un fenómeno tan dañino como invisible: la victimización secundaria. Y no, no se trata de un fallo del sistema abstracto, sino de decisiones humanas, de actitudes concretas tomadas por aquellos que juramos proteger; por desidia, falta de formación emocional o simple rutina, desamparamos a quien más lo necesita.

1. La atención inadecuada: cuando el primer paso ya es un muro

La primera forma de victimización secundaria surge en el momento mismo en que una víctima requiere una patrulla o cruza la puerta de una comisaría o cuartel. Lo que debería ser una situación de de protección, se transforma en algunas ocasiones en un escenario de sospecha, discrepancia o burocracia emocional.

Ejemplos hay demasiados: víctimas que se arman de valor para informar de un hecho delictivo o denunciar y se encuentran con un “funcionario” que minimiza sus palabras, las interrumpe o directamente les sugiere que no denuncien o lo haga en otra ocasión por diversas circunstancias (en relación al fuero interno de ese agente en ese momento concreto). Esa actitud, ese gesto de cansancio, esa mirada de incredulidad, se convierten en otro golpe psicológico, igual o más doloroso que el delito original.

Es inaceptable que en 2025 se pongan trabas a una denuncia porque “no tiene la importancia o fuerza legal” a la vista particular del funcionario que recoge el testimonio, o que obliga a la víctima a repetir una y otra vez los hechos, como si revivir el trauma fuese un trámite menor. O no se comisiona un indicativo por no realizar las preguntas necesarias por parte de quien coge una llamada de un ciudadano y desconocer el trasfondo del problema.

Cuando alguien requiere al 091, 062 o 112 es por que tiene un problema y no es capaz de solucionarlo por el mismo. Por lo que el agente que tiene primer contacto con el requerimiento, tiene que poner todos los sentidos en que esa persona quede amparada, utilizando toda las herramientas y medios disponibles que se puedan aplicar al caso en relación a las necesidades concretas.

2. La caza del delincuente vs. los derechos de la víctima

Otro error estructural —y ético— se produce cuando el foco se pone exclusivamente en la persecución del autor, relegando a la víctima a un papel pasivo, casi decorativo. En algunos casos, los agentes llegamos a cuestionar si se debe iniciar una investigación porque “la víctima no quiere denunciar”. Esto revela una profunda ignorancia del marco legal: hay delitos que deben ser perseguidos de oficio. El testimonio de una víctima o testigo ya activa la obligación legal de actuar.

¿Dónde queda entonces el deber de protección? ¿Por qué seguimos delegando en la víctima la carga emocional y procesal de iniciar una denuncia formal en dependencias cuando, legalmente, no hace falta? Esa decisión, en manos de un agente desmotivado o mal informado, socava la credibilidad del sistema entero. Y el daño no solo es individual: se extiende al tejido social, alimentando la desconfianza en las instituciones.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad somos parte del sistema, por tanto, la mala praxis para actuar sobre la víctima en un primer momento, supone la posterior crítica del mal funcionamiento del sistema policial o judicial, (incluso interna entre Policías y Guardias Civiles), cuando hemos sido nosotros mismos lo que mermamos la capacidad de actuación para restablecer el estado de derecho desde el primer contacto con el delito.

3. El mal uso del “sentido común” como criterio policial

Uno de los errores más peligrosos es la interpretación subjetiva de los hechos. Muchos agentes, en vez de aplicar la normativa y los protocolos vigentes, nos amparamos en “ el sentido común”. Pero el sentido común es un concepto ambiguo, contaminado por prejuicios, experiencias personales y, muchas veces, por estereotipos.

Cuestionar sin fundamento el relato de una víctima, desacreditarlo porque “no parece lógico” o porque “no encaja” con lo que el agente cree que debería haber pasado, no solo es una falta profesional, es desprestigio institucional. La labor del agente no es juzgar, sino garantizar que cada relato sea canalizado, tramitado y protegido conforme a derecho.

Conclusión: la obligación de revisar(nos)

La victimización secundaria no es una anécdota aislada, ni un simple error administrativo. Es una forma de menoscabo institucional. Es una herida que infligen quienes deberíamos cuidar. Y lo más preocupante: sucede en silencio, se normaliza, se tolera. Por que en muchas ocasiones se aceptan/respaldan las actuaciones y decisiones de quien no llega a unos mínimos laborales y se crítica a quien intenta dar el 101% de su capacidad.

No basta con reglamentos, ni con buenas intenciones escritas en manuales. Hace falta una transformación cultural dentro de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad y eso empieza por cada uno. Porque si la víctima no encuentra amparo en quien debería protegerla, entonces hemos fracasado todos.

Ante lo dicho, la premisa de: “trabaja como si la víctima fuera tu familia”. Porque tristemente cada núcleo familiar no puede tener un Policía o Guardia Civil entre sus miembros, pero a todos nos gustaría que a nuestra madre, pareja o hermano lo trataran lo mas profesional posible y sin sesgos internos del agente que actúa sobre ellos.

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